La decisión judicial incrementa en 89.608,43 euros la compensación inicial fijada por la Comunidad de Madrid en 2023, que ascendía a 272.443,02 euros. Esta indemnización cubre la pérdida del inmueble, declarado en ruina y demolido, así como el mobiliario y los daños morales.

El tribunal ha destacado especialmente el sufrimiento prolongado de los propietarios, reconociendo el impacto emocional derivado del desalojo forzoso, la incertidumbre sobre el estado de su hogar y la pérdida de sus pertenencias. La sentencia, que forma parte de un procedimiento que agrupa 28 demandas vecinales, estima parcialmente las reclamaciones relativas a la vivienda situada en la calle Rafael Alberti.

A pesar de que el fallo no es firme, la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ha comunicado que no recurrirá la sentencia, al considerar que confirma los criterios jurídicos defendidos por la Administración. El Ejecutivo regional señala que las diferencias se centran en la valoración económica de ciertos conceptos, pero se mantiene la esencia de su postura.

Tanto la Asociación de Afectados Metro Rafael Alberti y Presa de San Fernando de Henares como el Ayuntamiento del municipio han celebrado la resolución. Los afectados la consideran una victoria colectiva, mientras que el alcalde, Javier Corpa, ha reiterado el compromiso municipal de seguir buscando soluciones para las viviendas afectadas y la reposición de los servicios públicos dañados por las obras del Metro.