La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia que obliga a ADIF, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, a llevar a cabo las actuaciones necesarias para la conservación y mantenimiento del paso elevado de la calle Antonio Varela en Collado Villalba. El objetivo es evitar tanto daños personales como materiales derivados del estado de la estructura.

Los trabajos requeridos por el tribunal abarcan elementos clave del puente, como las armaduras, el tablero, las vigas y los estribos, con el fin de mejorar la seguridad general de esta infraestructura ferroviaria. Estas acciones se enmarcan en el contexto de un informe presentado por ADIF a principios de 2025 ante la justicia, tras unas medidas cautelares dictadas el 8 de enero de 2025 por el Juzgado Central Contencioso Administrativo nº 5 de Madrid. Dichas medidas exigían al Ayuntamiento la adopción de acciones para garantizar la seguridad del paso elevado, lo que provocó su cierre al tráfico el 9 de enero y su posterior reapertura tras la presentación del informe.

La sentencia, emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, desestima el recurso de apelación interpuesto por ADIF contra un auto anterior del 7 de enero de 2025. Aunque contra esta resolución aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la decisión judicial actual reitera la responsabilidad de ADIF en la ejecución de las obras de mantenimiento.

Si bien la titularidad del puente aún está por dirimirse judicialmente, ADIF deberá asumir los costes de estos trabajos mientras se resuelve esta cuestión. Esta es la tercera decisión judicial que da la razón al Ayuntamiento de Collado Villalba, que ha insistido en la necesidad de que ADIF garantice la seguridad de una infraestructura que considera de su competencia. El consistorio busca la ejecución de las obras a la mayor brevedad posible.

El concejal de Urbanismo, ha señalado que la sentencia considera el puente como parte de una infraestructura ferroviaria de interés general. Un informe jurídico municipal ya apuntaba en esta dirección, basándose en la Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, que establece la responsabilidad del Administrador de Infraestructuras (ADIF) en la explotación, mantenimiento y renovación de la red.

Los desperfectos detectados por los técnicos municipales incluyen la pérdida de la capa de compresión y el recubrimiento parcial de las armaduras del tablero y vigas, así como corrosión y pérdida de sección en algunos elementos. En los estribos se aprecia desprendimiento del hormigón debido a la despasivación, lo que expone y oxida las barras de acero, reduciendo su resistencia y provocando la caída de fragmentos.