Desde agosto de 2024 hasta mayo de 2026, la capital española ha pasado de tener 22.435 alojamientos turísticos registrados a 13.431, una disminución de casi 9.000 viviendas en 21 meses. Este descenso del 40% contrasta con la bajada del 15% registrada en el conjunto de España durante el mismo periodo, donde el número total de pisos turísticos ha pasado de 403.267 a 341.001.
Otras ciudades importantes como Barcelona, la segunda con más volumen de este tipo de alojamientos, han experimentado un descenso menor, del 15%, al pasar de 18.690 a 15.905 viviendas.
Este descenso en Madrid se inició con un plan de choque en abril de 2024, previo a la implementación del Plan RESIDE en septiembre de 2025. Esta normativa busca evitar la competencia de las viviendas turísticas con el uso residencial en edificios de vecinos.
Una de las medidas clave del Plan RESIDE es la restricción en la concesión de licencias para pisos turísticos sueltos en el centro histórico. Fuera de esta zona, solo se autorizan si tienen acceso independiente desde la calle, en planta baja o primera planta, para no convivir con residentes habituales.
El plan también fomenta la transformación de oficinas en viviendas para aumentar la oferta residencial y endurece las sanciones para quienes operan sin licencia. Anteriormente, las multas por operar ilegalmente oscilaban entre 1.000 y 3.000 euros. Ahora, bajo la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, la primera multa firme es de 30.001 euros, pudiendo ascender a 60.001 y 100.001 euros en casos de reincidencia.
Además, se ha publicado un listado público con todas las viviendas turísticas licenciadas y su ubicación exacta, facilitando la comprobación por parte de los vecinos. La estrategia también incluye la colaboración con el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid para informar a las comunidades de propietarios sobre la normativa vigente y los riesgos de las viviendas turísticas irregulares.
