La Comunidad de Madrid aprueba ley para impulsar vivienda asequible con más edificabilidad

La nueva normativa busca aumentar la oferta de vivienda protegida y reducir los plazos de construcción en la región.

Imagen genérica de planos arquitectónicos y herramientas de diseño, simbolizando la planificación urbana.
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Imagen genérica de planos arquitectónicos y herramientas de diseño, simbolizando la planificación urbana.

La Comunidad de Madrid ha aprobado un Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda que permitirá aumentar la edificabilidad y flexibilizar los usos del suelo para acelerar la construcción de vivienda asequible y corregir el déficit de oferta en la región.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio el visto bueno a esta iniciativa el pasado miércoles, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda protegida, reducir los plazos de construcción y generar más de 18.000 nuevos hogares en los próximos cuatro años. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, presentó el texto junto al portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín.
La propuesta se fundamenta en la necesidad de responder a la creciente demanda residencial en Madrid, donde el desajuste entre la creación de nuevos hogares y el ritmo de edificación es notable. La norma, que la presidenta Isabel Díaz Ayuso adelantó en noviembre de 2025 como parte del Plan de Choque de Vivienda 2026-2027, busca movilizar suelo ya planificado y aumentar la capacidad residencial sin recurrir a nuevos desarrollos urbanísticos.
Una de las modificaciones más significativas es la posibilidad de incrementar hasta un 30% la densidad y hasta un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida. Esto permitirá elevar la altura de los edificios en hasta dos plantas adicionales sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, lo que, según el Ejecutivo, agilizará la ejecución de promociones.

"El principal problema de la vivienda se combate construyendo más pisos."

el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras
Estas medidas no serán de aplicación automática ni generalizada, ya que los ayuntamientos tendrán la potestad de decidir si activan o no estos mecanismos extraordinarios, que tendrán un carácter temporal. Se establece un plazo de dos años para solicitar licencias y de tres para ejecutar las obras, con la intención de acelerar la oferta a corto plazo sin alterar de forma permanente el marco urbanístico ordinario.
El texto también amplía las posibilidades de cambio de uso de suelo, permitiendo reconvertir parcelas destinadas a otros fines —como comercial, industrial o dotacional— en vivienda protegida sin necesidad de modificar el planeamiento. Además, la ley simplifica procedimientos y reduce plazos en licencias y autorizaciones para que los promotores puedan avanzar más rápidamente en sus proyectos.