La organización vecinal ha mostrado su conformidad con la necesidad de revisar la Circular 2/2006, pero insiste en que la modificación debe ser un instrumento eficaz de prevención, control y reducción de la contaminación acústica, fundamentado en el principio de no regresión.
La FRAVM denuncia la dispersión normativa y la indefensión ciudadana, señalando que la Circular 2/2006 está desactualizada y fragmentada entre diversos documentos, lo que dificulta el seguimiento de las obligaciones y las consecuencias de las infracciones. Alertan del riesgo de que modificaciones operativas con impacto acústico directo se realicen mediante actualizaciones técnicas del AIP, eludiendo la evaluación ambiental y la participación pública.
Critican la debilidad de los sistemas actuales de control y el régimen de excepciones, argumentando que la regulación vigente no permite conocer objetivamente cómo se gestionan las desviaciones de las aeronaves. Solicitan que la nueva norma distinga claramente los supuestos justificados por seguridad o emergencia de aquellos derivados de la programación comercial, ya que estos últimos no deben eximir las restricciones ambientales.
La federación subraya que el impacto acústico abarca también actividades en tierra como el rodaje o las pruebas de motores, exigiendo definir con precisión términos como "movimiento" u "operación". Piden también una correspondencia estricta entre el diseño actual de las pistas y los compromisos de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de 2001, especialmente en las restricciones nocturnas.
En cuanto al régimen nocturno, consideran insuficientes los límites actuales y demandan un marco restrictivo que prohíba o limite el encendido de motores, maniobras en plataformas cercanas a viviendas y el uso de aviones más ruidosos. Solicitan la apertura de trámites para evaluar el cierre nocturno completo del aeropuerto.
Finalmente, cuestionan el sistema de evaluación acústica por enmascarar picos de ruido y sobrevuelos, reclamando indicadores que reflejen la afección real sobre la salud y los equipamientos sensibles. Solicitan una fiscalización independiente a cargo de AESA y mecanismos de participación estables para las entidades ciudadanas.
