Esta iniciativa surge tras años de conflictos, denuncias y procesos judiciales. La organización planea recorrer las cerca de 30.000 viviendas gestionadas por Alquiler Seguro en toda España para informar y movilizar a los inquilinos, quienes, según afirman, ya cuentan con cientos de familias organizadas.
No podemos esperar más. Estamos hartas de los honorarios ilegales, de la imposición de seguros y de suministros con empresas del mismo grupo, de la falta de mantenimiento y de decenas de abusos como el cobro de hasta 200 euros por visitar una vivienda.
Entre las principales demandas se encuentra la recuperación del dinero que consideran "estafado". La Confederación enfatiza que esta lucha no se limita a los inquilinos de Alquiler Seguro, sino que busca abordar el constante aumento del precio de acceso a la vivienda, señalando que cada pocos años se ven obligados a desembolsar más de 4.000 euros para acceder a una vivienda de alquiler.
El conflicto se remonta a febrero de 2024, cuando el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid presentó una demanda judicial y una denuncia ante la Dirección General de Consumo por prácticas como el cobro ilegal de honorarios y la imposición de cláusulas abusivas. Esta denuncia resultó en una sanción de 3,6 millones de euros por parte del Ministerio de Consumo, cuya resolución definitiva aún está pendiente.
La justicia es demasiado lenta para frenar abusos que sufrimos cada día. Por eso hemos decidido tomar la iniciativa.
La campaña de huelga se concibe como un acto de desobediencia y acción directa contra los abusos. Se desarrollará por fases, y la convocatoria definitiva se debatirá y aprobará en asambleas de inquilinas una vez concluida la primera fase de contacto con los arrendatarios, por lo que aún no se ha fijado una fecha de inicio.
La Confederación, creada el año pasado, agrupa a sindicatos de más de una docena de ciudades y territorios, incluyendo Cataluña, Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Ibiza, Cádiz, Asturias, Vigo, Guadalajara y Segovia. Su objetivo es coordinar estrategias para defender el derecho a la vivienda y extender los conflictos locales a nivel estatal. A esta campaña se han sumado también el Sindicato de Vivienda de Murcia, LAB Etxebizitza (Euskal Herria), el Sindicat d'Habitatge de Carolines (Alicante) y Derecho al Techo (Gran Canaria).
