Estos datos se desprenden del II Informe de Barreras al Sistema Nacional de Salud en Poblaciones Vulnerabilizadas, presentado por la Red Madrileña de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). El estudio, elaborado en colaboración con entidades como Hogar Sí, Médicos del Mundo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), define una barrera como cualquier situación que dificulta o impide el acceso normalizado a la atención sanitaria.
Según la documentación de Médicos del Mundo, cada individuo afectado se enfrentó a una media de 2,75 barreras. La falta de empadronamiento emerge como el principal impedimento, ya que es un requisito indispensable para acceder a la asistencia sanitaria pública, exigiendo un pasaporte válido y una prueba de domicilio.
Muchas personas migrantes tienen dificultades para cumplir estos requisitos por la falta de documentación o vivienda adecuada, a menudo viviendo en situación de hacinamiento, sin contratos de alquiler a su nombre o acceso a servicios básicos formalizados, lo que les impide ofrecer pruebas de residencia necesarias.
El informe también señala que las personas en situación de extrema vulnerabilidad a menudo carecen de documentación, ya sea por haber huido de sus países de origen o por haber sufrido robos de sus documentos mientras vivían en la calle.
Además de las barreras administrativas, se identificaron obstáculos económicos, donde los afectados no pueden costear tratamientos o atención médica. Las barreras físicas, como la ausencia de centros sanitarios cercanos o los horarios de atención restringidos, también dificultan el acceso. Asimismo, se mencionan barreras culturales, cuando el sistema no es sensible a las necesidades de diversas poblaciones, y barreras informativas, por la falta de información clara y comprensible sobre cómo acceder a los servicios.
“"Esto ha dificultado mucho, incluso a veces no se plantean el acudir al centro de salud por miedo a ser rechazadas o por no conocer bien los mecanismos. Hay mucha falta de información de cara a la gente, sobre todo, se ha cultivado un discurso de que las personas migrantes en situaciones irregular nunca van a tener acceso al sistema."
Daniel García, de la Asociación Madreña de Medicina de Familia de Madrid y trabajador en un centro de salud de Puente Vallecas, criticó la política de la Comunidad de Madrid, que, según él, dificulta el acceso sanitario bajo el pretexto de evitar el turismo sanitario. Ante esta situación, EAPN ha instado a la Consejería de Sanidad a revertir las medidas que consideran regresivas y que vulneran el derecho a la salud de la población migrante.
