La iniciativa legislativa, que contó con la mayoría absoluta del Partido Popular, la abstención de Vox y el voto en contra de los grupos de izquierda, introduce medidas para movilizar suelo disponible, reducir trabas administrativas y acelerar la puesta en marcha de promociones residenciales. El Ejecutivo autonómico defiende que el incremento de la oferta es clave para facilitar el acceso a la vivienda y moderar los precios ante una demanda creciente.

Una de las principales novedades permite incrementar la edificabilidad y la densidad en parcelas públicas aún no desarrolladas destinadas a vivienda protegida. Según la Comunidad de Madrid, esta medida busca aprovechar mejor el suelo y aumentar la capacidad de construcción de vivienda asequible.

Durante el debate, la diputada del PP, Paula de las Heras, defendió la necesidad de construir y movilizar suelo para responder a las demandas actuales, reivindicando las políticas de vivienda del Gobierno regional y afirmando que Madrid lidera la construcción de vivienda protegida en España. Sostuvo que las nuevas herramientas urbanísticas son esenciales para adaptar la región a los retos actuales, agilizando trámites y facilitando el desarrollo de proyectos residenciales.

La ley ha generado oposición. La diputada de Vox, Beatriz Tejero, cuestionó su eficacia para solucionar el problema de acceso a la vivienda, argumentando que no contempla la construcción de nuevas viviendas públicas y criticando que no tenga en cuenta el crecimiento demográfico ni impulse fórmulas como el coliving como vivienda protegida.

Por su parte, el diputado del PSOE, Javier Guardiola, acusó al Gobierno regional de priorizar los intereses de los promotores inmobiliarios sobre la garantía de viviendas asequibles. A su juicio, la norma busca incrementar la rentabilidad de los proyectos urbanísticos mediante mayores niveles de edificabilidad sin abordar suficientemente la cohesión social o la planificación de servicios públicos.

En una línea similar, el diputado de Más Madrid, Jorge Moruno, señaló que las políticas de la Comunidad no han incrementado el parque de vivienda protegida al ritmo necesario y criticó que la iniciativa privada gane protagonismo en el desarrollo de infraestructuras y equipamientos asociados a nuevos desarrollos.

La ley también introduce cambios en la gestión urbanística, como la posibilidad de que los ayuntamientos autoricen temporalmente alojamientos en parcelas industriales vacantes sin modificar el planeamiento, para dar uso a terrenos infrautilizados. Además, simplifica la tramitación administrativa mediante la aplicación del silencio positivo en determinados informes sectoriales, reduciendo retrasos burocráticos y ofreciendo mayor seguridad jurídica.

Con su aprobación, la Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda marca una nueva etapa en la política urbanística madrileña. Mientras el Gobierno regional la considera una herramienta clave para aumentar la oferta residencial, la oposición mantiene dudas sobre su capacidad real para facilitar el acceso a la vivienda y contener los precios.