Según un comunicado oficial, el Consistorio indica que el proyecto estaría financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y gestionado por una entidad privada en una propiedad particular. El gobierno municipal asegura haberse enterado de la situación a través de informaciones proporcionadas por los vecinos de la zona.
El Ayuntamiento subraya que no ha participado en la planificación de este recurso y, por tanto, no ha podido evaluar aspectos cruciales como la disponibilidad de servicios públicos o el posible impacto en la convivencia local. Ante las primeras quejas vecinales, los servicios técnicos municipales están revisando la adecuación de la actividad a la normativa vigente.
El Ayuntamiento de Pinto es el primer sorprendido por esta decisión.
Por su parte, la formación Más Madrid Pinto ha criticado duramente la postura municipal, considerándola no representativa de la corporación y generadora de alarma social. Desde este grupo político, se defiende que la seguridad se garantiza reforzando los recursos públicos y las políticas de protección, en lugar de señalar a colectivos vulnerables.
La concejal Elena Ancos ha advertido que este tipo de mensajes pueden fomentar prejuicios y desviar la atención de otros problemas municipales. Ha instado al equipo de gobierno a rectificar y a centrarse en medidas de integración y apoyo social, en lugar de difundir mensajes que, a su juicio, pueden promover la división.
