La promotora Avintia Desarrollos Inmobiliarios ha presentado una reclamación contra el Ayuntamiento de Móstoles por un importe de 19,68 millones de euros, más intereses, tras la resolución de una concesión demanial sobre una parcela en Móstoles Sur. El conflicto se origina, según el Consistorio, por una concesión previa realizada durante el anterior mandato socialista.
El asunto está actualmente en sede judicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha solicitado por tercera vez la remisión del expediente municipal, al no haber sido entregado en el plazo legalmente establecido. El Grupo Municipal Socialista ha pedido explicaciones al gobierno local sobre las repercusiones económicas y la gestión del caso.
El ejecutivo local atribuye el origen del conflicto a una concesión descrita como «chapucera» durante el mandato anterior, que preveía la construcción de unas 300 viviendas adicionales en una zona donde ya se proyectaban más de 700. El PSOE señala que dicha concesión estaba suspendida desde diciembre de 2023 por decisión municipal.
Fuentes municipales indican que la resolución de la concesión se debió a razones de interés público, argumentando que el desarrollo previsto podría causar el «colapso del barrio», problemas de movilidad y afectar la calidad de vida de los residentes.
El juzgado ha otorgado un nuevo plazo de diez días para la entrega del expediente administrativo, advirtiendo de posibles multas de entre 300 y 1.200 euros para la autoridad o funcionario responsable, que podrían repetirse hasta el cumplimiento del requerimiento. La formación socialista considera que la situación evidencia deficiencias en la tramitación y reclama aclaraciones sobre las decisiones adoptadas y su impacto económico.
Por su parte, el Gobierno local defiende que sus actuaciones se ajustan a los criterios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento y sostiene que la cantidad reclamada por la empresa es superior a la que podría corresponder. Añaden que el Ayuntamiento renunció posteriormente a la recuperación de la parcela para proteger sus intereses económicos y que fue la propia empresa la que mostró falta de interés antes de recurrir a la vía judicial.
