La oposición de Leganés rechaza liquidar deuda para ahorrar intereses

El gobierno local propuso amortizar 21,6 millones de euros, pero PSOE, Vox, Más Madrid y Podemos votaron en contra.

Fachada de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid con balcón y barandillas de hierro, luz cálida de tarde.
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Fachada de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid con balcón y barandillas de hierro, luz cálida de tarde.

El gobierno local de Leganés, formado por PP y Unión por Leganés, no logró aprobar este jueves una modificación presupuestaria destinada a amortizar anticipadamente 21,6 millones de euros de deuda bancaria.

La propuesta, defendida por la concejala de Hacienda, María Estévez, buscaba liquidar dos operaciones de crédito utilizadas el año pasado para financiar inversiones municipales como el centro cívico de Vereda de los Estudiantes, la piscina Solagua o la reforma del edificio de seguridad ciudadana. Con un superávit superior a los 100 millones de euros, Estévez argumentó que el pago anticipado generaría un ahorro de miles de euros en intereses para los ciudadanos.
Sin embargo, los grupos de la oposición –PSOE, Vox, Más Madrid y Podemos– votaron en contra. La portavoz de Vox, Beatriz Tejero, criticó la medida, calificándola de "sinsentido" al "quitarse deuda para volver a endeudarse" y reprochó al gobierno local que firmara los créditos para luego pedir su anulación.
Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Carlos Poblete, atribuyó la necesidad de recurrir al superávit a la "incapacidad del Ejecutivo de gestionar su propio presupuesto municipal", recordando que la responsabilidad de firmar los créditos recae en el gobierno.
El representante de ULEG, Carlos Delgado, afeó a la oposición que prefiera "tener criando moho en un cajón" los fondos del superávit en lugar de "ahorrarles intereses a los ciudadanos", y les instó a permitir que el gobierno avance en sus proyectos.
Finalmente, el portavoz del PSOE, Javier Márquez, recordó la obligación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de atender primero a los acreedores y luego al resto de obligaciones, señalando que existen 7,4 millones pendientes de pago a proveedores y calificando de "imprudente" la propuesta del gobierno.