La organización ecologista Ecologistas en Acción del Suroeste ha presentado una denuncia formal ante la Comunidad de Madrid, calificando la situación en una extensa zona al norte de Alcorcón como una "grave crisis ambiental". Según sus informes, en esta área se estarían llevando a cabo trabajos de enterramiento de escombros y otros tipos de residuos, entre los cuales se sospecha la presencia de materiales que podrían contener amianto.
La denuncia, interpuesta ante la Subdirección General de Inspección y Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, solicita la paralización inmediata y cautelar de dichas actuaciones mientras se realiza una investigación exhaustiva. El colectivo detalla que se está empleando maquinaria pesada para cubrir grandes cantidades de desechos con tierra, lo que habría conllevado la eliminación de parte de la cubierta vegetal y la alteración del hábitat de diversas especies animales presentes en el entorno.
El área afectada, que abarca aproximadamente 985.000 metros cuadrados, se localiza al sur del polígono industrial Ventorro del Cano, adyacente a la Vereda de Castilla y cercana al límite municipal con Boadilla del Monte. Clasificada como suelo no urbanizable de protección, estos terrenos pertenecieron al Ministerio de Defensa hasta marzo de 2023, fecha en que fueron subastados bajo la denominación de Línea de Tiro de Artillería. El espacio, frecuentado por senderistas y ciclistas, ya presentaba antiguos depósitos de escombros integrados en el paisaje, además de vertidos ilegales más recientes.
Ecologistas en Acción subraya el impacto particularmente severo en la zona occidental de la parcela, donde existía una importante masa de vegetación mediterránea, principalmente retamas y encinas. La organización afirma que este ecosistema albergaba fauna asociada, y los movimientos de tierra habrían afectado tanto a la flora como a los hábitats.
Por el momento, ni la Comunidad de Madrid ni los propietarios de los terrenos han emitido declaraciones públicas respecto a las denuncias. El colectivo ecologista espera ahora una inspección por parte de las autoridades ambientales para determinar si se han producido infracciones en materia de gestión de residuos o protección ambiental.
