La intervención, llevada a cabo tras el incumplimiento reiterado de resoluciones administrativas, tiene como objetivo principal frenar la expansión de urbanizaciones no autorizadas y preservar un área de gran valor agrícola y natural.

La zona, tradicionalmente dedicada a cultivos de regadío, ha experimentado un deterioro en los últimos años debido al abandono de la actividad agraria y la proliferación de construcciones residenciales dispersas, contraviniendo la normativa urbanística vigente.

Las estructuras derribadas se ubicaban en suelo no urbanizable protegido y afectado por contaminación de vertidos a cauces públicos, un ámbito donde la edificación y parcelación están expresamente prohibidas.

Paralelamente, la Dirección General de Urbanismo ha identificado en la misma área una división ilegal del terreno en 25 subparcelas, sin la debida autorización, evidenciando un proceso activo de comercialización con movimientos de tierra y anuncios de venta.

El Ejecutivo regional advierte de que la consolidación de esta situación podría derivar en la creación de una urbanización ilegal en suelo protegido de alta productividad agrícola, lo cual es incompatible con la legislación actual.

Como respuesta, la Comunidad ha iniciado el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística y el procedimiento sancionador correspondiente. En el operativo participaron técnicos de la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística, junto con unidades de la Guardia Civil y la Policía Local de Chinchón y Morata de Tajuña.

Según el Plan de Inspección y Disciplina Urbanística, se han ejecutado 13 derribos en menos de un año, además de 173 inspecciones, 66 expedientes de disciplina urbanística y 65 sancionadores. La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior reitera que estas construcciones ilegales comprometen la protección territorial y generan inseguridad jurídica.