La plataforma vecinal Adelante Eurovillas ha dado un paso formal al registrar dos escritos ante los ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo. En ellos, exigen la recepción definitiva de la urbanización, la disolución de la Entidad Urbanística de Conservación y el cese inmediato del cobro de cuotas obligatorias a los propietarios. Esta reclamación se suma a un recurso de alzada presentado el pasado 8 de enero ante la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid.
Según la plataforma, el respaldo del Defensor del Pueblo es crucial, ya que considera necesario poner fin a una situación de provisionalidad que se ha prolongado durante 58 años. Este colectivo argumenta que dicha provisionalidad vulnera los derechos de los propietarios de las casi 4.000 parcelas que componen esta urbanización, afectando a cerca de 12.000 vecinos.
Adelante Eurovillas denuncia una situación de «doble imposición». Los residentes pagan impuestos locales como el IBI y otras tasas municipales, pero al mismo tiempo se ven obligados a financiar, a través de una entidad privada de adscripción obligatoria, servicios que consideran de carácter público. Entre estos servicios se incluyen el alumbrado público, saneamiento, limpieza de viales y jardinería, así como la seguridad de unas vías que, a su juicio, deberían ser de mantenimiento estrictamente público.
A raíz del amparo del Defensor del Pueblo, la plataforma ha emplazado formalmente a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos implicados a asumir sus competencias legales compartidas y coordinarse para resolver esta problemática. La plataforma recuerda que la jurisprudencia española establece de forma unánime que las entidades de conservación no pueden perpetuarse indefinidamente una vez que el suelo está consolidado, algo que consideran evidente en Eurovillas desde hace décadas.
Entre las medidas reclamadas se encuentran la recepción coordinada de todas las infraestructuras, viales y espacios públicos por parte de los ayuntamientos de Nuevo Baztán y Villar del Olmo. Asimismo, solicitan la disolución y liquidación de la Entidad Urbanística de Conservación y la suspensión definitiva del pago de cuotas, para que estos servicios sean asumidos por las arcas municipales con el respaldo de la administración regional.
La plataforma advierte que, en caso de persistir la inacción y la ignorancia del dictamen del Defensor del Pueblo por parte de los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, emprenderán acciones judiciales por la vía contencioso-administrativa y exigirán responsabilidades patrimoniales por los perjuicios causados.
