El Defensor del Pueblo investiga al Ayuntamiento de Moralzarzal por bloqueo de información

La institución admite a trámite la denuncia de 'Vecinos por Moralzarzal' contra el equipo de Gobierno por dificultar el acceso a documentación pública.

Fachada de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid con balcón y barandillas de hierro, luz cálida de la tarde.
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Fachada de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid con balcón y barandillas de hierro, luz cálida de la tarde.

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite una denuncia contra el Ayuntamiento de Moralzarzal por el presunto bloqueo sistemático de acceso a la documentación pública por parte del equipo de Gobierno.

La plataforma municipal Vecinos por Moralzarzal Participa! ha comunicado que la institución del Defensor del Pueblo ha aceptado investigar la queja presentada por el grupo, calificando el hecho como un «duro varapalo» para el Ejecutivo local.
La resolución (Expediente nº 26020959) inicia actuaciones para exigir explicaciones al alcalde, José María Moreno, por supuestamente cercenar la labor de fiscalización de la oposición.
Desde Vecinos por Moralzarzal, se critica la actuación del Ayuntamiento, especialmente tras presumir recientemente de un supuesto premio en materia de transparencia. La formación independiente califica de «auténtica farsa» esta situación, denunciando que el Consistorio «apaga las aplicaciones de control del gasto y pone candados electrónicos a los expedientes».
La denuncia expone tres vías de bloqueo informativo que se prolongan desde hace casi tres años: el bloqueo recurrente del gestor documental electrónico GESTDOC con la excusa de «problemas técnicos», el silencio ante solicitudes de expedientes económicos y el impago de decenas de preguntas registradas formalmente.
La investigación se centra en el control del gasto, con solicitudes clave para la entrega de todos los reparos emitidos por la Intervención Municipal desde julio de 2023. Vecinos por Moralzarzal advierte que continuará con las acciones institucionales y judiciales necesarias para garantizar la transparencia en el uso del dinero y los datos públicos.