El colectivo ecologista advierte que el proyecto contempla una expansión urbana significativa en terrenos no urbanizables o protegidos, lo cual consideran contrario a la obligación municipal de defender los intereses generales, el medio natural y rural del municipio.
Según Ecologistas en Acción, el plan propicia un modelo de crecimiento masivo que podría generar el colapso de infraestructuras, movilidad y servicios. La construcción de aproximadamente 3.000 nuevas viviendas implicaría la llegada de unos 7.000 residentes y 6.000 vehículos adicionales. La organización critica que estos cálculos poblacionales son erróneos e inflados para justificar una expansión innecesaria.
La plataforma alerta sobre los "graves problemas" que el plan acarrearía para los vecinos, incluyendo la "destrucción del entorno" al reclasificar millones de metros cuadrados de suelo rural y protegido. Señalan también el colapso de carreteras, afectando vías ya saturadas, y la ignorancia de la decisión de la Comunidad de Madrid de descartar la duplicación de la M-600. Además, critican servicios básicos "deficientes", como un alcantarillado obsoleto que mezcla aguas fecales y pluviales, y la ausencia de medidas de vivienda social en alquiler para jóvenes o sectores vulnerables.
En un comunicado, el colectivo califica el plan como un "brutal, disperso y destructivo expansionismo urbanístico", que pretende impulsar aún más esta tendencia. Argumentan que el plan intenta justificar la dispersión urbana mediante la construcción en zonas rurales y naturales, "recetando la misma enfermedad como remedio".
Lamentan que, a pesar de los resultados negativos de este modelo, el nuevo Avance del Plan General apuesta por una expansión "enorme e irracional", destruyendo "centenares de hectáreas de suelos vivos". Alertan también de la pretensión del equipo de Gobierno de reclasificar una gran extensión de suelo no urbanizable protegido al sur del término municipal, bajo la denominación de "Nuevo Eje Sur", que no figura en el Avance.
Respecto al proceso de exposición pública, Ecologistas en Acción critica que el Ayuntamiento "obligó a descargar la información en 83 archivos y a presentar alegaciones durante los meses de verano", concluyendo en agosto, lo que, a su juicio, limitó la participación ciudadana.
