La organización sindical ha señalado que esta operación, que se ejecuta mediante la venta de participaciones sociales, representa un nuevo “atropello” administrativo. Este tipo de transacciones se inició durante la etapa de Ana Botella (PP) como alcaldesa de Madrid, según la denuncia.
“"Hay 156 familias afectadas que reclaman su derecho de tanteo y retracto y que corren el riesgo de quedarse en la calle sin alternativa habitacional. Estas familias pierden sus viviendas y se quedan con una mano delante y otra detrás, sin realojo, sin ayuda, con niños y personas mayores por la impasividad institucional."
Un abogado que representa a las familias afectadas ha recordado que el conflicto se remonta a 2013, cuando la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendió estas promociones a fondos especulativos sin notificar a los arrendatarios. El letrado ha destacado el lucro cesante de la operación, indicando que las viviendas se compraron por precios entre 60.000 y 70.000 euros y ahora se pretenden vender por 300.000 o 400.000 euros.
Uno de los puntos más controvertidos es el giro del Tribunal Supremo. Según el abogado, el Alto Tribunal dictó una sentencia favorable a cuatro familias en noviembre de 2024, pero apenas 62 días después, con el mismo ponente y sobre la misma escritura pública, resolvió en sentido contrario para otro grupo de afectados. El letrado ha calificado la situación de “inexplicable” y ha solicitado el amparo de la Fiscalía del Constitucional, sin descartar acudir a la justicia europea.
“"Son las casas más caras de la historia por el desgaste personal y familiar que conllevan."
La portavoz de los afectados ha descrito la situación como una estrategia para mercantilizar un derecho constitucional y ha calificado de “terrorismo institucional” el hecho de que la administración haya convertido a “fondos buitre” en los caseros de familias vulnerables. Ha subrayado que muchas de estas familias han pagado más de 200.000 euros en concepto de alquiler sin obtener garantía de permanencia.
La denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la última vía de UGT para paralizar lo que consideran un fraude a los derechos de los inquilinos. La organización exige la protección del derecho a permanecer en la vivienda bajo un arrendamiento estable, tal como establece el artículo 47 de la Constitución.
