El balance anual de la Dirección General de Tráfico (DGT) refleja una cifra de ingresos histórica a nivel nacional, superando los 246 millones de euros. Según el análisis realizado por Automovilistas Europeos Asociados, la presión sancionadora en el territorio madrileño se mantiene entre las más elevadas del país, solo superada por la provincia de Valencia.
El estudio subraya que el incremento en los ingresos no responde a un aumento de la indisciplina al volante, sino a la puesta en marcha de nuevos dispositivos de control en puntos estratégicos. A nivel estatal, se observa una alta concentración de denuncias: un grupo reducido de 50 radares, de entre los más de 1.000 operativos, aglutinó más de 1,3 millones de sanciones.
Mientras que zonas como Madrid, Valencia y Cádiz lideran la recaudación, otras provincias como Orense, Cáceres y Salamanca presentan cifras significativamente inferiores. La asociación ha cuestionado la eficacia de esta política, señalando que la mayoría de las multas se formalizan en vías de alta capacidad, alejadas de las carreteras secundarias donde se registra la mayor siniestralidad con víctimas.
