La normativa, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial regional (BOCM), se aplicará a impuestos cedidos como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio y Tributos sobre el Juego.
La ley crea la Oficina de Defensa del Contribuyente, que sustituye al actual Defensor del Contribuyente con más medios técnicos y plazos exigibles. Esta oficina tramitará las quejas por retrasos indebidos, incidencias electrónicas o mal trato, y dará al órgano afectado 15 días hábiles para responder.
Se incorporan mecanismos de cortesía institucional: la Administración pedirá perdón cuando una sentencia firme declare la vulneración de un derecho del contribuyente y dará las gracias cuando una inspección termine sin regularización ni sanción.
La norma integra el principio de buena administración, exigiendo que los derechos de los contribuyentes sean reales y efectivos mediante una atención que combine confidencialidad, gratuidad y personalización.
Para reforzar la seguridad jurídica, la Administración contestará por escrito y con carácter vinculante las consultas. Además, realizará la autoliquidación de forma gratuita a quien lo solicite y le acompañará en la presentación y el pago. Los contribuyentes podrán consultar su expediente sin cita previa a través de la Oficina Virtual Tributaria y de una carpeta tributaria individualizada.
La ley también obliga a usar un lenguaje claro y a revisar periódicamente los formularios para facilitar la comprensión ciudadana. Garantiza una atención presencial y gratuita, especialmente para mayores, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, para asegurar que la digitalización no deje a nadie atrás.
