El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) ha comunicado al Juzgado la existencia de una denuncia presentada por la abogada de la afectada, Beatriz Duro, en coordinación con el Sindicato de Inquilinas de Madrid. El organismo internacional ha dado de plazo al Estado español hasta diciembre para informar sobre las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de la mujer, quien reside en su vivienda desde hace más de 70 años.

La residente lleva más de cinco años luchando contra el fondo buitre Urbagestión, que adquirió el bloque de viviendas en 2018 con la intención de especular con la propiedad. El próximo 24 de junio estaba previsto el tercer intento de desalojo, tras la paralización del primero en octubre de 2025 y el aplazamiento del segundo este mismo mes, una medida que el Sindicato de Inquilinas calificó de "burdo intento" para desmovilizar el apoyo social.

Tras el informe de la ONU, la jueza tiene la potestad de suspender el desahucio mientras se tramita la denuncia para "evitar daños irreparables" a la demandante. La comunicación está siendo estudiada por el propio Comité DESC.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha advertido que, de ejecutarse el desahucio el 24 de junio, sería ilegal y contrario a los tratados internacionales ratificados por España y a las recomendaciones de la ONU.

Organizaciones sociales enviaron al Ministerio de Vivienda un dossier con alternativas para resolver el conflicto, y la propia residente dirigió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Seis meses después, ninguna de las comunicaciones ha obtenido respuesta. Tampoco la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ni el Ayuntamiento de Madrid, comandado por José Luis Martínez-Almeida, han ofrecido soluciones habitacionales.