El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, informó de esta decisión tras la reunión del Consejo de Gobierno. La región considera que la iniciativa estatal afectará gravemente la prestación de servicios esenciales.
“"Hay un caos en la política migratoria nacional."
García Martín criticó la gestión migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, denunciando la falta de datos concretos sobre el número de personas que podrían beneficiarse de esta regularización. Según el consejero, esta indefinición agrava la situación y podría tener consecuencias directas en la convivencia y el funcionamiento de los servicios públicos en la región.
El portavoz madrileño advirtió que la regularización podría generar un riesgo de quiebra de la convivencia, una mayor presión sobre los recursos públicos y un "efecto llamada" que favorecería el negocio de las mafias dedicadas al tráfico de personas. La ausencia de una cifra clara sobre los inmigrantes que podrían acogerse al proceso en Madrid es uno de los principales problemas, según García Martín.
El Ejecutivo autonómico reprochó al Gobierno central la falta de explicación de los datos y las contradicciones entre distintos ministerios sobre el impacto de la medida. Esta carencia de información impide anticipar con rigor las consecuencias en áreas como la sanidad, la educación y los servicios sociales, llevando a la Comunidad de Madrid a considerar la iniciativa estatal como irresponsable.
