Esta postura fue transmitida por la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, en una carta dirigida al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, según ha informado Europa Press. La decisión se fundamenta en que el Real Decreto-ley 2/2025, que amparaba estos traslados, ha quedado sin efecto jurídico al cumplirse el plazo de un año desde su aprobación el 18 de marzo de 2025.
“"El sistema de reubicación de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados se mantendrá durante lo que queda de legislatura."
El Gobierno central ha defendido la continuidad de este sistema, que desde el 1 de septiembre de 2025 ha reubicado a cerca de 1.800 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, la Comunidad de Madrid califica de “llamativo” que se intente prolongar un mecanismo extraordinario que, a su juicio, ya no cuenta con respaldo legal.
Dávila ha asegurado que la Comunidad de Madrid ha cumplido “escrupulosamente” con sus obligaciones y ha advertido que no asumirá actuaciones sin amparo normativo. Cualquier intento de nuevos traslados fuera de los procedimientos previstos será considerado “contrario a derecho”.
La consejera también ha criticado la aplicación del real decreto, señalando que ha ignorado la coordinación con las entidades de protección, la valoración individualizada de cada menor y su voluntad. Ha denunciado casos de separación de hermanos y traslados de jóvenes con trabajo y familia de referencia, lo que los ha abocado a situaciones de vulnerabilidad.
“"Se ha llegado a separar a grupos de hermanos."
Finalmente, Dávila ha instado al ministro Torres a cesar en el intento de mantener este sistema extraordinario fuera del marco legal, advirtiendo que, de lo contrario, la Comunidad de Madrid emprenderá “todas las acciones legales que sean necesarias en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente”.
