Las medidas adoptadas por el consistorio madrileño incluyeron la recuperación de 323 viviendas que operaban sin la debida autorización, lo que representa un incremento del 10,2% respecto al año anterior y un 32,9% más que hace dos ejercicios, antes de la implementación del Plan Reside. Además, se dictaron órdenes de cese para 315 propiedades adicionales, resultado de 502 resoluciones.

El informe de gestión de la Agencia de Actividades, que será presentado en su Consejo Rector, también detalla el archivo de 137 expedientes debido al restablecimiento de la legalidad, ya que estas propiedades dejaron de destinarse al uso turístico. En cuanto a las sanciones, se impusieron 117 multas por operar sin licencia, de las cuales 110 ascendieron a 30.000 euros cada una.

El servicio de Inspección y Disciplina de la Agencia de Actividades registró un aumento del 9% en las denuncias relacionadas con VUT, alcanzando las 1.408. A pesar de este repunte, el número de viviendas denunciadas fue menor que en el año anterior, cuando se recibieron múltiples quejas de asociaciones vecinales. Se iniciaron 607 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, un 23,8% más que en el periodo anterior.

Las sanciones por la implantación de un uso incompatible con la ordenación urbanística aumentaron un 27%, con 117 multas impuestas. De estas, siete fueron de 20.000 euros, 110 de 30.000 euros y una alcanzó los 60.000 euros. Adicionalmente, se aplicaron 144 multas coercitivas que oscilaron entre los 1.000 y 3.000 euros. El Plan de Inspección Urbanístico también mostró un incremento significativo, con un 169% más de viviendas inspeccionadas y un 116% más de viviendas detectadas en comparación con el año anterior.