La atención social en Madrid vive una semana de tensión tras las denuncias sobre la retirada de enseres a personas sin hogar y la supuesta intensificación de estos operativos coincidiendo con la visita del Papa. Ahora, los trabajadores de Madrid en Calle, encargados de la atención directa a personas sin hogar, han alzado la voz públicamente.
Concentrados frente a la sede del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, dirigida por José Fernández, los empleados, respaldados por los sindicatos Co.bas y CNT, alertaron sobre un progresivo deterioro de sus condiciones laborales que repercute directamente en la calidad de la atención a los más vulnerables.
La controversia se inició tras conocerse una instrucción que, según denunciaron profesionales de los equipos de calle, impedía avisar con antelación a las personas sin hogar sobre los protocolos de limpieza en sus lugares de pernocta, una práctica que, según el Colegio Profesional de Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid, presidido por Adolfo Rodríguez, podría generar "indefensión" y pérdida de pertenencias esenciales.
La oposición municipal, representada por Más Madrid y el PSOE, ha exigido explicaciones al gobierno de José Luis Martínez-Almeida. La concejala de Más Madrid, Cuca Sánchez, calificó la medida de "cruel e inhumana" y acusó al Ayuntamiento de "limpiar" la ciudad ocultando la realidad en lugar de ofrecer soluciones habitacionales. La edil socialista Meritxell Tizón calificó los operativos como "protocolos de la vergüenza" que destruyen el trabajo social y la confianza.
El Ayuntamiento, por su parte, mantiene que no existe tal directriz y que los protocolos se activan solo por problemas de salubridad, garantizando siempre la presencia de servicios sociales. Sin embargo, testimonios de trabajadores de Samur Social apuntan a un aumento notable de las limpiezas en zonas frecuentadas por personas sin hogar antes de la visita papal, algo que el Consistorio ha desmentido.
Las reivindicaciones de los trabajadores de Madrid en Calle también se centran en la empresa adjudicataria, Grupo 5, a la que acusan de incumplir acuerdos y al Ayuntamiento de elaborar "pliegos de contratación a la baja". Denuncian bajos salarios, falta de reconocimiento profesional y escasez de medios, como "un ordenador para cada dos personas" o la falta de sillas.
Los sindicatos critican el rechazo sistemático a adaptaciones horarias o teletrabajo para tareas administrativas, contradiciendo el nombre del área de Gobierno que incluye "igualdad". Reclaman mejoras en prevención de riesgos laborales y medidas para colectivos vulnerables, así como la continuidad de la atención social los fines de semana.
Fuentes municipales señalan que la relación laboral es con Grupo 5 y que las condiciones se rigen por convenio colectivo. Rechazan la argumentación de "peligrosidad" por atender a personas en exclusión social, considerándola "estigmatizante". Los trabajadores, no obstante, defienden la necesidad de un plus de peligrosidad ante situaciones de riesgo.
A pesar de las dificultades, los trabajadores reclaman también más plazas en albergues, con "listas de espera enormes". Los sindicatos denuncian presiones e "intimidación" por parte de la empresa y el Ayuntamiento ante sus reivindicaciones, advirtiendo que las movilizaciones continuarán si no se abre una negociación real para garantizar la calidad del servicio.
