Madrid exige al Gobierno central activar el retorno de 110 menores no acompañados
La Comunidad de Madrid reclama al Ejecutivo central la activación de expedientes de reunificación familiar y advierte de posibles acciones legales.
Por Patricia Gómez Navarro
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Bandera de España con un edificio gubernamental difuminado al fondo, simbolizando un conflicto institucional.
La Comunidad de Madrid ha intensificado su presión sobre la Delegación del Gobierno para que active los procedimientos de retorno de 110 menores no acompañados, argumentando reunificación familiar y amenazando con acciones legales.
La Comunidad de Madrid ha elevado la presión institucional sobre la Delegación del Gobierno para que active los expedientes de retorno de 110 menores no acompañados. El Ejecutivo autonómico sostiene que se trata de procedimientos de reunificación familiar y advierte de que podría estudiar acciones legales si persiste la falta de respuesta, situando de nuevo en primer plano el debate sobre la protección de la infancia y las competencias del Estado.
Un informe de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, detalla que existen 110 expedientes pendientes de activación por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid. La presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, prevé remitir un escrito al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para reclamar el cumplimiento de las competencias estatales. La Comunidad de Madrid argumenta que la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia considera que el regreso con sus familias sería la opción más adecuada, amparándose en el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000.
La administración regional subraya que el retorno o repatriación de menores no acompañados son procedimientos sensibles que deben tramitarse con garantías, atendiendo a la situación individual de cada menor y priorizando su protección efectiva. Según la Comunidad de Madrid, de los 110 menores afectados, 40 ya habrían alcanzado la mayoría de edad sin que se haya iniciado ningún trámite, lo que complica la respuesta institucional. Ante esta situación, la Comunidad de Madrid se reserva la posibilidad de emprender acciones legales si la inactividad o una negativa injustificada persiste.
El informe también recoge 16 denuncias contra presuntos falsos menores por posible delito de estafa agravada, con las primeras detenciones ya practicadas. La Comunidad de Madrid enfatiza la necesidad de diferenciar entre perseguir posibles fraudes y realizar una descalificación global de un colectivo vulnerable.
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"La Delegación del Gobierno en Madrid quiere dejar claro que, a esta hora, no ha recibido por cauces oficiales la información adicional que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado públicamente que iba a remitir en relación con estos expedientes. No existe bloqueo o inacción por parte del Gobierno de España. Se trata de una afirmación irresponsable y políticamente interesada, con la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende ocultar sus propias responsabilidades con los menores que se encuentran bajo su tutela."
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"La expulsión de un menor extranjero no acompañado no puede acordarse de manera automática e inmediata como pretende hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La legislación exige una tramitación individualizada, siempre con garantías y basada en el interés superior del menor. Las decisiones que se tomen tienen que estar sustentados en informes preceptivos que permitan valorar adecuadamente la situación personal, familiar y social de cada menor, así como las condiciones reales de retorno."
La Delegación del Gobierno respondió a través de un comunicado, negando el bloqueo o inacción y calificando la afirmación de la Comunidad de Madrid como "irresponsable y políticamente interesada". Aseguran que se están desarrollando las actuaciones previstas en la normativa vigente y que se han solicitado informes a las representaciones diplomáticas de los países de origen de los menores, sin los cuales no se puede tomar una decisión con las garantías legales. La Delegación del Gobierno recuerda que la Comunidad de Madrid es la administración competente en materia de protección y tutela de los menores bajo su guarda.
