La Comunidad de Madrid ha iniciado un procedimiento sancionador por la presunta gestión incontrolada y el enterramiento de residuos peligrosos en parcelas del entorno de Ventorro del Cano. La actuación se produce después de que el Ayuntamiento de Alcorcón presentara una denuncia al detectar actuaciones que, según el Consistorio, excedían la orden de retirada de residuos.
El expediente sancionador incluye la documentación remitida por el Ayuntamiento y los informes de los Agentes Forestales, que describen movimientos de tierras, eliminación de cubierta vegetal y posible trituración, mezcla y enterramiento de residuos, incluyendo materiales potencialmente peligrosos.
Trinidad Castillo, cuarta teniente de alcalde y concejala de Transición Ecológica, Movilidad, Educación y Medio Ambiente, subrayó que el Ayuntamiento actuó «dentro de sus competencias desde que detectó los primeros vertidos». Explicó que se requirió en tres ocasiones a la propiedad para retirar los residuos con gestores autorizados y que, al comprobar que se excedían las órdenes, se trasladó toda la documentación a la Comunidad de Madrid.
Los servicios municipales detectaron importantes acumulaciones de residuos a principios de año y emitieron tres requerimientos a la propiedad para la retirada y gestión de los materiales. El Ayuntamiento recalca que estas órdenes se limitaban a la limpieza y retirada de vertidos ilegales, sin autorizar movimientos de tierras, eliminación de vegetación o enterramiento.
Una inspección posterior constató trabajos de roturación y eliminación de cubierta vegetal sin autorización. Ante esta situación, el Ayuntamiento solicitó una investigación urgente a la Comunidad de Madrid. Castillo reiteró que una orden de retirada de residuos no puede ser coartada para su trituración, mezcla o enterramiento.
La apertura del procedimiento sancionador se basa en las inspecciones de los Agentes Forestales y la documentación del Ayuntamiento. La Comunidad de Madrid investiga una presunta infracción grave por gestión incontrolada de residuos peligrosos y contempla la obligación de reparar los daños ambientales.
Castillo señaló que el objetivo principal es esclarecer lo ocurrido y reparar el daño ambiental cuanto antes. El Ayuntamiento enmarca esta actuación en su estrategia contra los vertidos ilegales, que incluye detección temprana, actuación administrativa, colaboración entre administraciones y refuerzo de la vigilancia ambiental.
El Consistorio recuerda el refuerzo de la vigilancia con nuevas cámaras que ya han permitido identificar y sancionar a una decena de infractores.
