El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el texto definitivo de la Ley de Defensa del Contribuyente, que será remitido a la Asamblea de Madrid para su tramitación parlamentaria. Esta nueva regulación está destinada a reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración tributaria, facilitar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y simplificar los trámites asociados.
La ley se aplicará exclusivamente a los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y los Tributos sobre el Juego.
Se incorpora el principio de buena administración como criterio inspirador de la actuación de la Administración tributaria regional, garantizando una protección efectiva de los derechos de los contribuyentes. Se establece un modelo de asistencia basado en la confidencialidad, la gratuidad de los servicios y una asistencia adaptada a las necesidades de cada ciudadano, prestando especial atención a la accesibilidad universal para personas mayores y con discapacidad.
Se potenciarán las herramientas de garantía institucional con la creación de la Oficina de Defensa del Contribuyente, un órgano renovado que sustituirá al anterior Defensor del Contribuyente para dotar al sistema de mayor robustez técnica. Esta oficina tramitará de manera ágil las quejas o sugerencias sobre demoras indebidas, incidencias electrónicas o deficiencias en el trato.
Entre las novedades más destacadas se encuentra la implementación de una carpeta tributaria individualizada donde el ciudadano podrá seguir en tiempo real sus expedientes fiscales. Además, se promoverá un lenguaje administrativo sencillo y formularios de fácil comprensión.
Finalmente, la norma introduce mecanismos de cortesía institucional, obligando a la Administración a pedir disculpas formales cuando una sentencia firme reconozca una vulneración de derechos, y a agradecer expresamente la colaboración ciudadana en los procesos de inspección que concluyan sin sanción.
