La consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, ha trasladado esta postura al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mediante una carta. En ella, la Comunidad de Madrid advierte de posibles acciones legales si el Ejecutivo central intenta prolongar este sistema extraordinario.
“"La Comunidad de Madrid ha cumplido escrupulosamente con la legalidad y con sus obligaciones, pero no puede ni va a asumir actuaciones que, según su criterio, carezcan de amparo jurídico."
Este desacuerdo surge después de que Ángel Víctor Torres informara hace semanas sobre el traslado de aproximadamente 1.800 menores extranjeros no acompañados a la península desde el 1 de septiembre de 2025, procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. El ministro defendió la continuidad del sistema de reubicación, calificándolo como una cuestión de justicia y solidaridad.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera “llamativo” que, tras haber declarado públicamente el fin de la contingencia, el Ejecutivo central pretenda mantener un mecanismo extraordinario que, a juicio de la Comunidad, carece de respaldo normativo. Madrid argumenta que el plazo máximo para ejecutar los traslados, según el Real Decreto-ley 2/2025 aprobado el 18 de marzo de 2025, era de un año.
La consejera Dávila critica la implementación del decreto, señalando que ha resultado en un sistema de traslados que ha ignorado la coordinación con las entidades de protección, la valoración individualizada de cada menor y, en ocasiones, la voluntad de los afectados y su situación familiar. Ha denunciado casos de separación de hermanos y traslados de menores con familiares en otras comunidades o próximos a la mayoría de edad, lo que los dejaría en una situación vulnerable.
La Comunidad de Madrid vincula la actual presión migratoria a la gestión del Gobierno central, acusándolo de no haber ejercido adecuadamente sus competencias en política exterior, control de fronteras e inmigración. Dávila reprocha al Gobierno haber pasado “del silencio y la inacción a la imposición”, sustituyendo la cooperación por decisiones unilaterales que, en su opinión, han puesto en riesgo los sistemas de protección autonómicos y han generado un efecto llamada.
