El informe, titulado «El impacto de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad de Madrid», destaca que las herramientas normativas implementadas por las administraciones, como el Plan Reside del Ayuntamiento y las modificaciones en los decretos autonómicos, no han sido efectivas. Según métricas de la plataforma Inside Airbnb, se cifran en más de 16.000 los pisos turísticos activos en la capital. El distrito Centro es el más afectado, con las VUT absorbiendo el 10,36% del parque de viviendas principales y el 40,57% de los inmuebles no principales.
El estudio pone de manifiesto la alta tasa de irregularidad en el sector, indicando que el 91% de los pisos turísticos carece de la documentación legal obligatoria. Las estadísticas del Ayuntamiento de Madrid corroboran esta situación, señalando que el 94,45% de las viviendas inspeccionadas operaban sin el título habilitante urbanístico. Además, se observa un cambio estructural en la propiedad: el 75,2% de la oferta está gestionada por «multianfitriones», inversores o empresas con múltiples inmuebles. Un núcleo de 5.528 anuncios se dedica a un uso intensivo, arrendamiento de propiedades enteras y estancias cortas.
A pesar de las restricciones, la actividad comercial real de estos alojamientos aumentó un 15,5% en el último año, y el volumen de anuncios creció un 17,7% en los últimos tres ejercicios. El distrito Centro lidera con 7.128 anuncios activos, pero el fenómeno se expande a zonas como Tetuán (1.031), Salamanca (998) y Arganzuela (826), correlacionando con ejes de Metro y áreas de influencia del aeropuerto.
El informe también advierte de una estrategia de adaptación ante los controles: el trasvase de inmuebles al alquiler de temporada o por habitaciones. La FRAVM denuncia que se trata de una reconversión ficticia, ya que los alojamientos mantienen precios elevados, se dirigen a un público internacional y son gestionados por profesionales, eludiendo la finalidad de arrendamientos estables a largo plazo.
Ante este escenario, la FRAVM solicita medidas urgentes a las administraciones: un plan de disciplina urbanística con cierre inmediato de pisos sin licencia; control del fraude en arrendamientos temporales exigiendo justificaciones documentales; fiscalización del Plan RESIDE para evitar la transformación de edificios residenciales en bloques hoteleros; y un sistema de cruce de datos automatizado entre Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y plataformas digitales para dar de baja ofertas irregulares.
