El principal punto de controversia, según la FRAVM, radica en el incremento de los límites de ingresos para acceder a una vivienda protegida. Con la propuesta de la Comunidad de Madrid, una familia de cuatro miembros podría tener ingresos anuales de hasta 84.677,42 euros y aún así optar a una Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL).
Es inadmisible que fondos públicos o reservas de suelo protegido se destinen a hogares con este nivel de ingresos, mientras las familias con recursos escasos quedan desprotegidas.
Ante esta situación, la federación propone una reducción de los límites de acceso, sugiriendo que se establezcan en 6 y 4 veces el IPREM, en lugar de los actuales 7,5 y 5,5 veces, respectivamente. Esta medida busca asegurar que la vivienda protegida cumpla su propósito original de atender a quienes más lo necesitan.
Además de los umbrales de renta, la FRAVM ha expresado su preocupación por las cargas económicas que recaerían sobre los inquilinos. Consideran que es inaceptable que el nuevo reglamento permita repercutir el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los arrendatarios de vivienda protegida, exigiendo que este impuesto sea asumido íntegramente por la propiedad. Asimismo, solicitan que la tasa de basuras sea subvencionada o modulada en función de los ingresos reales de cada familia.
Otro aspecto criticado es la «caducidad» de la protección, que el texto actual fija generalmente en 15 años. La organización vecinal demanda que la calificación de vivienda protegida sea permanente e indefinida, con el fin de evitar que el esfuerzo público termine alimentando el mercado libre y la especulación inmobiliaria. Finalmente, la FRAVM rechaza la sustitución del control administrativo por «declaraciones responsables», advirtiendo que esta medida debilita las garantías y facilita el uso de estas viviendas como activos de inversión en lugar de hogares habituales.
