La presidenta de la Federación de Municipios de Madrid ha solicitado una reunión inmediata con el delegado del Gobierno en Madrid, ante lo que describe como una «situación límite» para los ayuntamientos. La preocupación surge por la implementación del Real Decreto 316/2026, que ha generado una significativa carga administrativa sin la correspondiente financiación ni refuerzos para los servicios municipales.
“"La denuncia llega en forma de carta dirigida a la Delegación del Gobierno. La presidenta expresa su «preocupación» por el impacto de las políticas migratorias del Gobierno en la administración local."
La crítica principal no se centra en la decisión política de regularizar, sino en la manera en que se ha ejecutado. Se señala una falta de coordinación con los municipios madrileños, que actúan como el primer punto de contacto para miles de trámites. Según la presidenta, el decreto fue aprobado de forma «unilateral», sin consultar a ayuntamientos ni comunidades autónomas, y sin información previa adecuada por parte de la Delegación del Gobierno o el Ministerio de Migraciones.
Aunque el escrito evita pronunciarse sobre la «oportunidad» de la medida o sus intenciones a largo plazo, sí cuestiona la ausencia de previsión en la gestión de una decisión con amplias implicaciones administrativas y sociales. El reproche más directo se dirige al impacto inmediato sobre los servicios de atención municipal, ya que la tramitación de la documentación para los beneficiarios recae directamente en los ayuntamientos.
La misiva destaca que el Estado no ha previsto refuerzos de personal, financiación extraordinaria ni mecanismos de compensación para las administraciones locales. Esta situación está provocando un creciente atasco en oficinas municipales que ya se encuentran saturadas por su carga de trabajo habitual, lo que podría llevar a un colapso de los servicios.
