La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha expresado su preocupación por la regularización migratoria impulsada por el Gobierno central, describiéndola como una estrategia política para "mantenerse en La Moncloa". Según la consejera, esta medida ya está generando problemas significativos en los servicios públicos de la región.
“"El impacto es visible: colapso de citas en muchos recursos y situaciones muy complejas en los ayuntamientos. Ni siquiera el Gobierno sabe a cuántas personas va a afectar."
La consejera ha criticado la ausencia de consultas con las comunidades autónomas y los consistorios antes de la aprobación de la medida, así como la falta de organización y financiación adecuadas. Ha insistido en que se trata de una iniciativa "únicamente política" con fines electorales, que además genera un "efecto llamada" y agrava problemas estructurales como la pobreza.
Asimismo, ha respaldado la decisión de la presidenta regional de recurrir la medida ante la justicia, considerándola un enfoque "populista". La crítica se extiende al reparto de menores migrantes, que, según la consejera, excluye "deliberadamente" a otras comunidades, evidenciando el carácter político de la decisión.
La Comunidad de Madrid demanda una política migratoria coordinada, financiada y que involucre a todas las administraciones territoriales, en contraposición a lo que considera una improvisación por parte del Gobierno central.
