La restricción, vigente mientras se mantenga la situación de emergencia de interés nacional, responde a la peligrosidad de las chispas generadas por el rozamiento de piezas metálicas en las cosechadoras. Con las temperaturas extremas y la vegetación reseca, cualquier chispa accidental podría desencadenar un nuevo incendio en un momento en que los servicios de extinción operan al límite de su capacidad.
El objetivo principal de esta directriz es evitar la dispersión de los equipos de bomberos y medios aéreos, que actualmente se encuentran concentrados en los focos activos. La presencia de maquinaria agrícola en movimiento no solo supone un riesgo de ignición, sino que también podría obstaculizar el tránsito de vehículos de emergencia y las labores de evacuación en las carreteras y caminos rurales.
Esta intervención del Gobierno central se fundamenta en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Aunque la gestión del campo suele ser competencia autonómica, la declaración de emergencia de interés nacional permite al Ejecutivo estatal dictar instrucciones para proteger el interés general y garantizar la seguridad de la población y las infraestructuras.
