Esta inversión, propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tiene como objetivo reforzar los servicios sociales, proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y combatir la pobreza infantil. Los fondos se transferirán a los gobiernos autonómicos, que son las administraciones competentes en materia de servicios sociales, para financiar diversos programas a nivel autonómico y local.
Los programas financiados están dirigidos a todo tipo de familias con necesidades singulares de protección, incluyendo familias monomarentales, numerosas o aquellas que residen en el medio rural. La inversión se estructura en tres grandes áreas de actuación.
El primer programa, dotado con 65 millones de euros (de los cuales 6,5 millones corresponden a la Comunidad de Madrid), financiará proyectos de intervención social y prestaciones para familias con menores en riesgo de pobreza y exclusión social. Estos fondos cubrirán necesidades básicas como higiene, alimentación, vestimenta, material escolar, ayudas para comedor y suministros básicos del hogar. Incluye el programa VECA, que garantiza el derecho a la alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares y facilita la conciliación familiar y laboral en periodos no lectivos.
Un segundo programa, con 25 millones de euros (3,5 millones para la Comunidad de Madrid), fortalecerá los equipos de servicios sociales para prevenir y detectar riesgos de violencia hacia la infancia. Se priorizarán perfiles profesionales en trabajo social, educación social, psicología y atención familiar, fomentando la coordinación con centros educativos y sanitarios, en línea con la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).
Finalmente, el plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, con más de 108 millones de euros (15,1 millones para la Comunidad de Madrid), asegurará el acceso a prestaciones clave como orientación social, ayuda a domicilio, alojamiento alternativo y programas de prevención e inserción social. También apoyará el funcionamiento de albergues y centros de acogida para personas en situaciones de especial vulnerabilidad.
Adicionalmente, el Consejo de Ministros aprobó una declaración institucional por el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, conmemorando su vigésimo aniversario. La declaración destaca los avances en España en igualdad, inclusión y garantía de derechos para personas con discapacidad, promoviendo un enfoque transversal en las políticas públicas.
También se reguló la distribución de la recaudación del Impuesto sobre actividades de juego de apuestas deportivas-benéficas, estableciendo que la liga profesional de fútbol femenino será beneficiaria directa del 15% de dicha recaudación, reforzando así el deporte femenino en el sistema deportivo español.
