El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decretado la paralización de las obras y del derribo del edificio conocido como Baobab, ubicado en la calle Cabestreros, números 1 y 3. Esta decisión responde a la admisión de medidas cautelarísimas solicitadas por el PSOE y diversas asociaciones de defensa del patrimonio, ante la sospecha de que los inmuebles poseen un alto valor histórico.
Un informe pericial reciente contradice la resolución emitida a finales de mayo por la Comunidad de Madrid, la cual descartaba cualquier tipo de protección para estos edificios. Dicha resolución había dado luz verde al derribo para la construcción de un hotel con 260 camas, proyecto que ahora se ve detenido.
El concejal socialista Antonio Giraldo anunció la paralización judicial, explicando que, aunque la resolución es temporal, otorga tiempo crucial para demostrar las supuestas incongruencias en la decisión del Gobierno regional. El PSOE sospecha que la resolución podría basarse en un informe sesgado, elaborado por la propia empresa promotora del hotel.
El proyecto hotelero ya había recibido un dictamen favorable a la demolición en 2022 por parte de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid, argumentando la ausencia de elementos protegibles. Sin embargo, una denuncia previa del PSOE y de asociaciones ciudadanas al inicio de las obras, justo después de las pasadas navidades, ya había frenado los trabajos inicialmente.
En aquel momento, el Ayuntamiento de Madrid consultó a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, lo que llevó a una paralización temporal. La Comunidad de Madrid había asegurado entonces que estudiaría la protección ambiental del edificio, pero finalmente esta protección no se materializó. La Consejería de Cultura argumentó que los edificios habían sufrido modificaciones significativas desde su origen, datando su construcción a mediados del siglo XIX y no de los siglos XVII o XVIII.
Antonio Giraldo había calificado previamente la falta de protección como una "noticia nefasta para el patrimonio madrileño", advirtiendo sobre "datos contradictorios" y "fechas que no concuerdan" en la resolución de la Comunidad de Madrid.
