La Fiscalía Superior de Madrid ha abierto un expediente gubernativo contra Pilar Rodríguez, fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y María Luisa Llop, destinada en la Audiencia Nacional. La decisión se produce después de que ambas fiscales fueran referenciadas en conversaciones de personas investigadas dentro del caso Plus Ultra, que analiza el rescate público otorgado a la aerolínea en 2021.
La apertura del expediente responde a una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa. Adicionalmente, Lastra ha ordenado que la queja sea remitida a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que se evalúe el contenido de los hechos denunciados.
Los atestados de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional recogen conversaciones donde los investigados habrían intentado influir en las diligencias judiciales del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Según estos documentos, el abogado Miguel Palomero habría comentado al exdirectivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes su intención de preguntar "cómo es la juez del 15", refiriéndose a la magistrada Esperanza Collazos, y añadió que "la fiscal jefa es amiga".
La conversación, registrada por la UDEF, también incluye la frase "hay que cortar esto", atribuida a Palomero. Reyes respondió afirmativamente e instó al abogado a contactar con "Julio" Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, para "cortarlo", según consta en el atestado policial. En este contexto, Palomero también habría mencionado la necesidad de crear un "Kitchen Gabinet", expresión que los investigadores analizan como posibles maniobras para intervenir en el proceso judicial.
Es importante destacar que la apertura de este expediente gubernativo no constituye una conclusión sobre la actuación de las fiscales implicadas. Se trata del inicio de un procedimiento interno destinado a examinar la denuncia y las referencias encontradas en las conversaciones de los investigados.
La Fiscalía Superior de Madrid remitirá la queja a la Inspección Fiscal, que es el órgano encargado de determinar si procede alguna medida adicional respecto a los hechos denunciados.
