El pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha sido escenario de un significativo desacuerdo presupuestario entre los socios de gobierno, PP y Vox. La propuesta del Partido Popular para una modificación de créditos de aproximadamente 68 millones de euros, destinada a inversiones y compromisos municipales, fue rechazada con los votos en contra de Vox, PSOE y Más Madrid. Esta votación se produce en un contexto delicado, ya que la ciudad continúa operando con los presupuestos prorrogados de 2025 al no haberse alcanzado un acuerdo para las cuentas de 2026.
A pesar de este desencuentro, la coalición de gobierno entre PP y Vox no se considera rota, ya que ambos partidos mantuvieron posiciones conjuntas en otros asuntos durante la sesión. Sin embargo, la votación ha puesto de manifiesto una profunda discrepancia en la gestión económica y en la toma de decisiones presupuestarias clave, especialmente relevante al entrar la legislatura en su tramo final.
La modificación presupuestaria rechazada buscaba suplir la ausencia de nuevas cuentas aprobadas para 2026, incorporando partidas para inversiones, obligaciones pendientes y proyectos que no podían reflejarse en las cuentas de 2025. El Partido Popular defendía que el expediente era imprescindible para actuaciones en barrios, infraestructuras, alumbrado público, seguridad ciudadana y equipamientos para Policía Local y Protección Civil.
Por su parte, Vox, a través de su portavoz Víctor Acosta, ha explicado que su voto en contra no se debe a la oposición a las inversiones, sino al procedimiento seguido. Sostienen que la propuesta se planteó sin una negociación suficiente y sin facilitar toda la información necesaria. Vox vincula futuras negociaciones presupuestarias al acceso a información contable de la Ciudad Deportiva Municipal, algo que el PP considera que debe ajustarse a los procedimientos administrativos.
La oposición, compuesta por el PSOE y Más Madrid, ha criticado la gestión del gobierno municipal. El PSOE cuestionó la capacidad del ejecutivo para sacar adelante iniciativas importantes tras tres años de gobierno conjunto, mientras que Más Madrid calificó la modificación como excesivamente amplia, poco transparente y con prioridades discutibles, señalando además la existencia de partidas presupuestarias sin ejecutar del ejercicio anterior.
El fracaso de esta iniciativa económica relevante abre interrogantes sobre la estrategia financiera del gobierno local para los próximos meses y reabre el debate sobre la necesidad de aprobar unas cuentas específicas para 2026. La situación, con cuentas prorrogadas tanto a nivel municipal como estatal, plantea la responsabilidad compartida de los actores políticos locales para dotar a la ciudad de una hoja de ruta económica clara en el último año de mandato.
