La medida, que afecta a la expedición de nuevas TTP personales y sus duplicados, no tendrá carácter retroactivo, según fuentes del Ejecutivo regional. Sin embargo, el cambio ha generado una fuerte controversia política y social por su posible impacto en personas que viven, trabajan o se desplazan habitualmente por Madrid sin cumplir el requisito de empadronamiento.
La Tarjeta Transporte Público personal es un título intransferible que incluye el nombre del titular, identificación y fotografía, siendo la opción estándar para usuarios mayores de 7 años. Con las nuevas directrices, solo podrán solicitarla quienes estén empadronados en la Comunidad de Madrid y en algunas localidades de comunidades limítrofes incluidas en el ámbito del transporte regional.
La Comunidad de Madrid estima que el impacto será reducido, afectando solo al 3,4% de los usuarios. No obstante, la decisión ha sido criticada por introducir un nuevo filtro administrativo en un servicio esencial como el transporte público.
“"Solo gobiernan para hacerle más complicada la vida a la gente, cebándose siempre con los más vulnerables. Es una medida racista y excluyente."
El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha exigido a la Comunidad de Madrid la retirada del padrón como requisito. Por su parte, el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Javier Guardiola ha criticado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, calificando la medida de “excluyente” y de aplicar una lógica de “prioridad nacional” que perjudica a personas migrantes.
El Ejecutivo regional ha defendido que la medida solo se aplicará a nuevas solicitudes y duplicados, sin afectar a las tarjetas ya emitidas. La polémica se centra en si el padrón debe ser una barrera para acceder al transporte público, un servicio del que dependen miles de personas diariamente por motivos laborales, familiares o educativos en la región.
