La intervención, que cuenta con la protección de Bien de Interés Cultural (BIC), tiene como objetivo principal optimizar las condiciones técnicas, de accesibilidad e higiene del histórico recinto, construido entre 1913 y 1916.

Durante la tramitación, el debate se centró en la posible existencia de restos de la muralla medieval bajo el inmueble. Tras realizar diversas catas, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid concluyó que no existen restos afectados por las obras proyectadas.

A pesar de la resolución, se ha establecido la obligatoriedad de mantener una supervisión arqueológica permanente durante las excavaciones. En caso de producirse cualquier hallazgo inesperado, los trabajos se suspenderán de forma inmediata para garantizar la protección del patrimonio histórico.