El sindicato CSIF ha presentado un informe técnico que detalla la crítica situación de los centros de valoración y orientación para personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid. La organización sindical ha solicitado una reunión con la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para abordar de manera conjunta la problemática.
Los datos recopilados por el informe revelan que el tiempo medio de espera para obtener el reconocimiento del grado de discapacidad puede exceder los 700 días, lo que supone casi dos años. Este plazo sobrepasa significativamente el límite legal de seis meses fijado por la normativa para la resolución y notificación de estos expedientes.
Aunque las cifras oficiales de la administración autonómica indican una espera media de 310 días para la citación y 330 para la resolución final, datos del Defensor del Pueblo, recogidos por el sindicato, confirman demoras crónicas que duplican estas cifras. Actualmente, la región cuenta con más de 20.000 expedientes pendientes, de los cuales más de 13.000 personas esperan una primera cita. Diariamente, ingresan unas 160 nuevas solicitudes en la red de centros.
El informe también señala una falta de personal significativa, con alrededor de un centenar de puestos vacantes sin cubrir. De los 418 puestos de trabajo previstos, 251 están vacantes o cubiertos de forma interina, y 72 no tienen adjudicatario titular. El área de personal médico generalista en los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) tiene una tasa de ocupación del 74%, mientras que el personal administrativo gestiona agendas saturadas y tareas complejas.
CSIF rechaza la externalización de funciones a través de empresas como TRAGSA y reclama la estabilización del empleo público. Para paliar la sobrecarga laboral y asistencial, el sindicato ha propuesto a la Consejería la cobertura inmediata de vacantes, la adecuación de plantillas, medidas retributivas como un plus de actividad y complemento de productividad, la elevación de nivel para personal administrativo, límites en las agendas diarias, evaluaciones de riesgos psicosociales y la implantación del teletrabajo. También exigen la publicación mensual de datos de gestión por centro para evitar que las medias regionales oculten retrasos.
