Los arrestados, que incluyen al propietario del ganado, el transportista y la persona receptora en Madrid, están siendo investigados por un supuesto delito de falsedad documental. Se sospecha que utilizaron certificados manipulados para justificar el traslado y la compraventa de los animales.
La investigación se inició tras la detección por parte de la Policía Municipal de la descarga de corderos en una parcela de la Cañada Real. Los implicados fueron identificados y se comprobó que los animales estaban destinados a la venta durante una celebración religiosa.
Posteriormente, efectivos del Seprona, junto a técnicos de la Comunidad de Madrid, realizaron una inspección que reveló irregularidades. Entre ellas, la falta de elementos de identificación obligatorios en los animales, el incumplimiento de la normativa de transporte y la aportación de documentación con datos falsos.
Debido a la falta de garantías sanitarias y el riesgo potencial de transmisión de enfermedades, la Comunidad de Madrid ordenó el sacrificio de los 119 corderos intervenidos. La investigación permanece abierta para esclarecer todos los detalles de la operación.
