La decisión de regularizar a más de un millón de personas, según lo reconocido por una ministra del Gobierno, ha puesto de manifiesto la preocupación por la sostenibilidad de servicios como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la vivienda. Estos sectores ya enfrentan una considerable presión presupuestaria, lo que hace pertinente cuestionar la existencia de un análisis económico exhaustivo que detalle el coste de integrar a estos nuevos beneficiarios en el sistema de prestaciones y servicios.

Uno de los puntos centrales del debate es el Ingreso Mínimo Vital, cuyo coste actual supera los 20.000 millones de euros. La obtención del certificado de vulnerabilidad se ha convertido en un hito para quienes ya lo han conseguido, evidenciando la demanda existente sobre esta prestación.

El sector de la vivienda emerge como otro desafío significativo. Diversos expertos y el Banco de España han alertado sobre el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Se estima que se necesitan al menos 700.000 viviendas anuales para cubrir la formación de nuevos hogares. En las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, el acceso a la vivienda, tanto en alquiler como en compra, es cada vez más difícil, lo que podría agravar la escasez y el aumento de precios, generando potencial tensión social.

Además, España se encamina hacia un cuarto ejercicio consecutivo sin presupuestos públicos en 2026. Se ha revelado que el Gobierno gastó más de 75.000 millones de euros en 2025 sin control parlamentario, y que fondos europeos han sido destinados a pagar pensiones, el IMV, educación, vivienda e industria, sumando unos 15.000 millones. Aunque el Gobierno lo justifica como dinero sobrante, Bruselas ha solicitado explicaciones. También se cuestiona la reducción del déficit público mediante la no deflación de la tarifa del IRPF, una práctica que genera desconfianza entre los operadores económicos.