La Comunidad de Madrid ejercerá acciones jurisdiccionales como acusación popular tras la muerte violenta de una joven de 21 años, presuntamente a manos de su expareja, el pasado 9 de mayo en el distrito madrileño de Carabanchel. El suceso se produjo tras una caída desde su domicilio, y el presunto autor fue detenido posteriormente.
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la encomienda de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a la Abogacía General para que inicie las acciones pertinentes. Estas se desarrollarán en nombre de la Administración regional en las diligencias previas que se siguen en la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid.
La acción popular se ejerce en calidad de parte perjudicada civilmente en casos penales de violencia contra la mujer que impliquen muerte, lesión grave o mutilación genital. Esta medida, contemplada en la ley autonómica, extiende su protección a los hijos y dependientes. Desde 2016, el Ejecutivo autonómico ha aplicado esta facultad en 79 causas.
La Comunidad de Madrid dispone de la red de recursos para mujeres víctimas de violencia más extensa de España, con 32 centros y pisos que suman 324 plazas residenciales, ofreciendo atención adaptada y segura.
