El dispositivo municipal, que operó durante cuatro meses, ofreció alojamiento y asistencia social a más de 1.400 personas. Un aspecto notable fue el incremento en el número de mujeres atendidas y el refuerzo de recursos destinados a jóvenes, personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables.
Entre el 23 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid proporcionó servicio a 1.438 personas en situación de sinhogarismo o exclusión socio-residencial. El programa dispuso de 432 plazas estables diarias, alcanzando una ocupación del 91,4%. Un dato significativo, resaltado por el Consistorio, es que el 25% de los participantes logró dejar la calle tras su paso por el programa.
“"El 78% de los atendidos fueron hombres, las mujeres aumentaron dos puntos respecto al año anterior y un tercio de los usuarios tenía menos de 30 años."
De las personas atendidas, 1.117 eran hombres y 321 mujeres. El Ayuntamiento ha puesto especial énfasis en el aumento de la presencia femenina, que pasó del 20,4% en la campaña anterior (2024-2025) al 22,4% en la actual. Según Fernández, este perfil presenta una vulnerabilidad adicional en la calle y una mayor exposición a la violencia. El Consistorio priorizó la atención integral y las estancias prolongadas para casos delicados, incluyendo jóvenes menores de 30 años, mayores de 65, personas con patologías graves, usuarios con autonomía limitada y mujeres.
La ocupación general de los recursos alcanzó el 91,4%, registrando más de 53.700 estancias. A las 432 plazas fijas diarias se sumaron refuerzos en 40 jornadas de temperaturas extremas, generando cerca de 1.500 estancias adicionales. La red de acogida se distribuyó entre el centro de acogida Pinar de San José, con 150 plazas (incluyendo 40 de centro de día), el centro de Vallecas, con 142, el Centro Municipal de Urgencias Sociales, con 20, y 120 plazas simultáneas en establecimientos hoteleros.
El balance municipal indica que el 51% de los usuarios atendidos se encontraban en situación de sinhogarismo, mientras que el 49% restante correspondía a personas en exclusión socio-residencial. El Ayuntamiento también asistió a 139 solicitantes de asilo, un dato que Fernández utilizó para solicitar una mayor colaboración del Estado, argumentando que la regularización y acogida son competencias estatales.
