La Comunidad de Madrid introdujo recientemente una medida que impide a los no empadronados en la región acceder a cualquier tipo de abono mensual de transporte. La decisión, publicada discretamente, provocó una rápida reacción en redes sociales, especialmente entre los estudiantes, uno de los colectivos más afectados.
El gobierno regional ha justificado la acción citando una cláusula de hace más de una década, que nunca se había aplicado. La medida busca desincentivar el uso del transporte público al aumentar su coste para ciertos usuarios. Un estudiante sin empadronamiento que actualmente paga alrededor de 90 euros por el abono joven durante el curso, podría enfrentarse a un coste superior a 500 euros con las nuevas regulaciones, cifra que podría ascender a más de 800 euros si las bonificaciones estatales decaen.
Existen diversas razones por las que una persona podría no estar empadronada en Madrid, como estudiantes temporales, aquellos que necesitan mantener su beca de movilidad, o residentes que alquilan viviendas donde el trámite de empadronamiento no es posible. Ninguna otra gran ciudad española exige el empadronamiento para obtener un abono de transporte, hasta la llegada de esta política.
Esta política no solo encarecerá la vida en Madrid, sino que también podría forzar a miles de personas a buscar alternativas de transporte, incrementando potencialmente el tráfico en carretera o la demanda de servicios como Bicimad. Además, la medida proyecta una imagen de insolidaridad de la región, al acumular poder económico y restringir el acceso a sus beneficios para quienes acuden a vivir a ella.
