La solicitud de información, cursada el pasado viernes, otorga un plazo de cinco días para aportar toda la documentación que acredite la expulsión de los ediles y permita determinar su situación en el Ayuntamiento de Madrid. Esta medida responde a la necesidad de asegurar los derechos de todos los involucrados en la disputa.
Fuentes municipales han explicado que no se trata de una decisión política ni de una intervención discrecional del Gobierno municipal, sino del cumplimiento de un trámite legal que debe seguir su curso con todas las garantías. La actuación de la Secretaría General del Pleno busca resolver el expediente "lo antes posible" y conforme a la normativa aplicable en el ámbito del Ayuntamiento y del estatuto de los concejales.
La petición de documentación se dirige expresamente al secretario general de la formación política, para que remita al Consistorio toda la información que obre en poder del partido y que pueda acreditar o fundamentar la expulsión de los representantes. Este material será clave para el análisis jurídico que debe aclarar en qué situación quedan los tres representantes municipales dentro de Cibeles y qué efectos institucionales puede tener su ruptura con el partido bajo cuyas siglas concurrieron a las elecciones.
“"La Secretaría General del Pleno únicamente aplica la ley y ordena el expediente con el fin de despejar las dudas existentes. La tramitación debe servir precisamente para proteger los derechos de todos los afectados: tanto los concejales expulsados como el propio partido y el funcionamiento regular de la institución."
Asimismo, se ha aclarado que la decisión final sobre la situación de los tres concejales no recae en el Gobierno municipal. Será el presidente del Pleno quien resuelva en función del informe jurídico que elabore la Secretaría General, trasladando así la responsabilidad de la decisión a la institución parlamentaria y al análisis técnico-legal que debe preceder a cualquier resolución sobre el estatus de los ediles en el Ayuntamiento.
