La iniciativa, respaldada por asociaciones como ACUSVAL, subraya la exposición directa de menores a una actividad considerada potencialmente peligrosa. El documento entregado detalla que la ubicación de la gasolinera implica riesgos significativos para una población especialmente vulnerable.

Entre los riesgos señalados se encuentran la emisión de compuestos orgánicos volátiles, como el benceno, que son agentes potencialmente cancerígenos, y el aumento del tráfico rodado en un entorno escolar, lo que incrementa el riesgo de atropellos y accidentes. También se advierte sobre los peligros inherentes a la manipulación de combustibles inflamables a pocos metros de las aulas.

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid ya había recomendado buscar una ubicación alternativa debido a la proximidad con el entorno educativo. Los afectados han denunciado una "falta de transparencia e información suficiente" respecto a los estudios de impacto ambiental y sanitario realizados hasta la fecha.

Aunque el Ayuntamiento defiende que la licencia se ajusta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2004, los vecinos argumentan que el cumplimiento formal de la normativa urbanística no exime a la administración de su deber de garantizar el derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado, tal como establecen los artículos 43 y 45 de la Constitución Española.

Por ello, los residentes han solicitado una investigación para verificar si se han respetado los principios de precaución y protección de la salud más allá de los trámites burocráticos, así como la adecuación de los estudios de impacto ambiental. Consideran que las administraciones competentes deben revisar la licencia o adoptar medidas correctoras urgentes.