Los afectados señalan que el acceso adaptado actual se encuentra a más de 108 metros de distancia, obligando a los usuarios a salir por otra calle de la comunidad. Esta situación supone un obstáculo diario para vecinos con diversas limitaciones físicas, incluyendo personas con parálisis cerebral o amputaciones.
La comunidad de propietarios ha manifestado su disposición a asumir la totalidad del coste de la obra. Según explican, su única petición es obtener el permiso municipal necesario para ejecutar la instalación, argumentando que existen estructuras similares en otros puntos de la misma vía.
El Consistorio, por su parte, ha rechazado la solicitud al considerar que la urbanización ya dispone de un acceso adaptado. Los vecinos insisten en que la alternativa actual es insuficiente y dificulta la autonomía de los residentes más vulnerables, quienes deben recorrer distancias excesivas para entrar o salir de sus viviendas.
