Esta resolución representa un nuevo revés judicial para el Gobierno local de Ramón Jurado, sumándose a una sentencia anterior del Juzgado número 5 de lo Contencioso-administrativo, emitida en enero, que ya había suspendido el cambio de procedimiento. La decisión actual paraliza de manera efectiva la modificación del sistema para el desarrollo de este suelo, a la espera de una sentencia firme.
Ha lugar a acordar la medida cautelar solicitada, de tal manera que ordeno la suspensión de los acuerdos segundo y tercero del acuerdo de la Junta de Gobierno de 16 de enero de 2026 hasta que recaiga resolución firme resolviendo sobre el fondo.
Los puntos anulados por el juzgado se refieren a la «disolución y liquidación» de la Junta de Compensación y a la justificación del Ayuntamiento para avalar el paso de compensación a expropiación. El área de Urbanismo había argumentado que el 58,89% de los propietarios, que representaban 1.083.827 m² (el 53,7386% del suelo afectado), estaban conformes con el cambio de sistema y habían formalizado adhesiones al marco expropiatorio.
El juzgado ha estimado la medida cautelar de los demandantes, quienes argumentaron que el mantenimiento del proceso de expropiación les causaría un «grave perjuicio patrimonial». Según los demandantes, continuar con la expropiación sin un presupuesto legal y liquidar la Junta de Compensación sortearía la eficacia de resoluciones judiciales previas.
El asunto fue debatido en el Pleno del pasado jueves, donde grupos de la oposición interrogaron al alcalde, Ramón Jurado (PSOE), sobre su conocimiento del auto. El regidor confirmó estar al tanto, pero declinó ofrecer explicaciones en ese momento, invitando a los interesados a su despacho. El portavoz de Vox, Juan Marcos Manrique, criticó la actuación del alcalde, afirmando que ha intentado imponer un modelo de expropiación «pasando por encima de los vecinos, de la legalidad y del sentido común».
