La vivienda, utilizada por una entidad privada con subvención del Gobierno de España a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha sido objeto de un requerimiento municipal. Según fuentes del consistorio, los Servicios Sociales de la localidad no tenían conocimiento de la implantación de este centro.
Tras las comunicaciones de los vecinos a principios de abril, los técnicos municipales iniciaron un análisis para verificar la compatibilidad de la actividad con la normativa vigente. El Plan General de Ordenación Urbana de Pinto establece que el uso principal del inmueble es residencial unifamiliar, compatible con residencial especial para pequeñas residencias con menos de diez habitaciones, pero requiere una autorización expresa previa.
Además, no consta que se haya solicitado licencia ni autorización para la actividad asistencial de bienestar social que ya se está llevando a cabo, lo que implicaría la adopción de medidas adicionales para su ejercicio.
“"Hemos solicitado que en el plazo de quince días nos remitan todos los documentos al respecto. En caso de no cumplir, iniciaremos el expediente para el cese de actividad."
El edil también ha expresado su preocupación por la gestión del Gobierno de España en el reparto de estos menores, lamentando la falta de información a las administraciones locales. Ha calificado esta situación como un "nuevo ataque a la autonomía local de los ayuntamientos", reconocida en la Constitución.
